CHINCHA / PERÚ — El sistema de salud en la provincia de Chincha atraviesa uno de sus capítulos más oscuros. Una serie de graves denuncias periodísticas y ciudadanas han puesto al descubierto una presunta red criminal dedicada a la venta de plazas laborales y al direccionamiento sistemático de contratos dentro del Hospital San José de Chincha (Unidad Ejecutora 401). La filtración de audios, chats y testimonios apunta a cobros ilícitos exorbitantes —que oscilan entre los 40 mil y 80 mil soles por puestos para enfermeras y técnicos—, configurando un millonario negocio ilegal a expensas de la salud pública.
Las fichas del tablero: Funcionarios
bajo sospecha
El modus operandi de esta presunta
organización no habría sido posible sin el control estratégico de áreas clave
del nosocomio. Las investigaciones periodísticas e independientes señalan de
forma directa a la Unidad de Personal, jefatura acusada de burlar los
perfiles legales vigentes para amparar el ingreso de personal no calificado y
beneficiar a facciones internas.
Este direccionamiento quedó en
evidencia con casos concretos documentados por gremios de salud, donde se
designó a médicos generales con mínima experiencia para cubrir plazas de
especialidades obligatorias con presupuestos del Estado. A esto se suma el
alarmante antecedente expuesto a nivel nacional, donde se reveló que la propia
dirección del Hospital
San José de Chincha llegó a tasarse en 120 mil soles bajo
administraciones corrompidas, recuperando el "dinero invertido"
mediante la falsificación sistemática de viáticos y manejos logísticos
internos.
Ángel Macazana en el ojo de la
tormenta
El escándalo ha escalado hacia las
altas esferas políticas de la región Ica, colocando al consejero regional por
Chincha, Ángel Macazana Ordóñez, en el centro de los cuestionamientos
públicos. En lugar de ejercer un rol fiscalizador estricto frente a los
evidentes indicios de corrupción en la Unidad Ejecutora de su provincia, la
población y los colectivos de salud lo acusan de mantener una cercanía pasiva y
presuntos nexos con los funcionarios investigados. Las críticas en su contra se
han agudizado en las calles y redes sociales, donde se le exige transparencia
inmediata sobre su conocimiento o nivel de influencia en el manejo de personal
del hospital.
Un Gobernador que otorga con el
silencio
Frente a este desmadre
administrativo, la indignación ciudadana ha encontrado un detonante mayor: el
hermetismo total del gobernador regional de Ica, Jorge Carlos
"Rocky" Hurtado Herrera. A pesar de que la Dirección Regional de
Salud (DIRESA Ica) y los presupuestos hospitalarios dependen directamente de su
despacho en el Gobierno Regional (GORE Ica), la máxima autoridad regional ha
optado por no emitir ningún pronunciamiento oficial que condene la mafia de
cupos ni ordene una reorganización total.
Para los frentes de defensa locales,
el silencio de "Rocky" Hurtado no hace más que alimentar la
percepción de encubrimiento y complicidad política para proteger los pactos de
su gestión en Chincha. Mientras el sector salud de la región atraviesa una
crisis institucional severa —agravada por renuncias de directores en provincias
vecinas y la intervención constante de fiscalías especializadas—, el Hospital
San José de Chincha continúa operando bajo la sombra de la impunidad. La
población exige la intervención inmediata de la Contraloría General de la
República y de la Fiscalía Anticorrupción para incautar las planillas de las convocatorias
CAS y detener
el desvalijamiento de la salud chinchana.
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