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COMUNEROS DE CHAVÍN SE MOVILIZAN CONTRA MINERA NEXA Y EXIGEN DESTITUCIÓN DE DIRIGENCIA POR PRESUNTA VENTA IRREGULAR DE TIERRAS

 CHINCHA, ICA

La tensión social se ha agudizado en el distrito de Chavín, provincia de Chincha, luego de que cientos de comuneros calificados se movilizaran en una marcha de protesta contra la empresa minera Nexa Resources Perú [Lalupa.pe]. La población acusa a la actual junta directiva de la Comunidad Campesina de Chavín de intentar concertar, de manera irregular y a espaldas de la asamblea, la venta de más de 28 hectáreas de terreno comunal en beneficio de la corporación minera.

La indignación popular estalló tras la asamblea general celebrada el pasado domingo 12 de julio. Según denunciaron los propios manifestantes y dirigentes de las bases, la mayoría de los comuneros asistentes votó rotundamente en contra de la independización y transferencia de las tierras solicitadas por la minera. Sin embargo, acusan al presidente de la comunidad, Félix Manrique Ramírez (conocido como "Gato"), de pretender manipular las actas para validar legalmente la venta ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp)

Vulneración de estatutos y recursos hídricos
Los manifestantes sostienen que la entrega de estos terrenos viola los estatutos internos que garantizan la intangibilidad del territorio comunal.

Asimismo, advierten que ceder estas áreas impactaría directamente sobre las zonas de pastoreo y fuentes de agua esenciales para la agricultura y ganadería de la zona alta de Chincha, que convive con las operaciones de la unidad minera Cerro Lindo.

"No vamos a permitir que se regale el patrimonio de nuestros hijos. La asamblea ya le dijo 'No' a Nexa, pero el presidente comunal quiere imponer un acuerdo ilegal", manifestó uno de los comuneros durante la marcha, donde se exhibieron pancartas exigiendo la destitución inmediata de Manrique Ramírez.

Hacia un paro indefinido
Frente a lo que califican como una traición de sus dirigentes, las bases de la Comunidad Campesina de Chavín han firmado un acta de autoconvocatoria para declararse en movilización permanente. Además, anunciaron la organización de un paro general distrital como medida de fuerza radical para frenar cualquier trámite legal de traspaso territorial.

Hasta el momento, los comuneros exigen la intervención de la Defensoría del Pueblo y de la Prefectura Regional para evitar enfrentamientos en las inmediaciones de la mina, mientras exigen una auditoría total a la gestión de la actual junta directiva y el cumplimiento irrestricto de la voluntad expresada por la asamblea popular. 

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ESTADO TRANSFIERE TERRENO DE 9.9 HECTÁREAS PARA EL FUTURO CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHINCHA

PUEBLO NUEVO

En un paso decisivo para la educación en el sur chico, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) formalizó la transferencia gratuita de un terreno de más de 9.9 hectáreas a favor de la Universidad Nacional Tecnológica de Chincha (UNATECH). El predio servirá para la edificación de su futura ciudad universitaria.

La ceremonia de entrega oficial e inspección técnica contó con la presencia del ministro de Educación, Jorge Marticorena, el superintendente de la SBN, José Mas Camus, y el alcalde distrital de Pueblo Nuevo, Abel Sánchez Cahuana. El predio transferido abarca una extensión exacta de 99,006 metros cuadrados y se ubica estratégicamente en la zona alta de dicho distrito.

Con este hito patrimonial, la comisión organizadora de la UNATECH asegura la base física exigida por la Sunedu para avanzar de manera progresiva con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) necesarias para su licenciamiento institucional. Inicialmente, la casa de estudios proyecta albergar carreras clave para el desarrollo industrial de la región Ica, tales como Ingeniería Industrial, Ingeniería Textil e Ingeniería Agroindustrial. 

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FISCALÍA Y DIRCOCOR INTERVIENEN HOSPITAL SAN JOSÉ DE CHINCHA POR PRESUNTA MAFIA EN VENTA DE PLAZAS LABORALES

CHINCHA 

En un operativo de urgencia, representantes del Ministerio Público y agentes de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional intervinieron las oficinas administrativas del Hospital San José de Chincha. La acción legal responde a una grave denuncia que alerta sobre la existencia de una presunta red criminal enquistada en el nosocomio, dedicada al tráfico y venta ilícita de puestos de trabajo.

Durante la diligencia, las autoridades incautaron abundante documentación técnica, contratos, así como computadoras y soportes informáticos de áreas clave. Todo el material fue lacrado y trasladado por los peritos para someterlo a las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer el modus operandi de la organización.

Principales implicados bajo la lupa

Las pesquisas fiscales apuntan con especial fuerza hacia la oficina de la Jefatura de Personal (Recursos Humanos) y a un trabajador identificado preliminarmente como Carlos Ochoa. De acuerdo con las denuncias y audios difundidos por medios de comunicación locales, estos serían los presuntos coordinadores de los cobros indebidos.

Las grabaciones revelarían cómo se direccionaban las convocatorias y se pactaban cupos laborales ilegales para enfermeras y técnicos de la salud, cobrando sumas de dinero a cambio de asegurar un contrato en la institución pública. Las autoridades ya cruzan información para determinar el grado de complicidad de otros altos funcionarios del establecimiento. 

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COMUNEROS DE CHAVÍN EN CHINCHA RECHAZAN VENTA DE TIERRAS ANCESTRALES A MINERA NEXA RESOURCES Y DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN ASAMBLEA

CHINCHA, ICA. – La tensión social se agudiza en la Comunidad Campesina de Chavín, ubicada en la provincia de Chincha. En una multitudinaria Asamblea General, la mayoría de los comuneros calificados votaron en contra de la venta de 28 hectáreas de tierras comunales a la empresa minera Nexa Resources, operadora de la unidad minera Cerro Lindo. Sin embargo, la posterior declaratoria de aprobación de la venta por parte de la directiva comunal ha desatado graves denuncias de manipulación e ilegalidad.

El conflicto estalló luego de que el Comité de Lucha de la comunidad y diversos delegados informaran que entre el 70% y el 80% de los asistentes rechazaron la propuesta de transferencia de tierras mediante el voto secreto. Según los testimonios y denuncias públicas, tras conocerse este rechazo mayoritario, la junta directiva liderada por Félix Manrique Ramírez suspendió temporalmente la sesión.

Aprovechando el retiro de gran parte de los comuneros opositores, la directiva habría reinstalado la mesa de manera sorpresiva para realizar una nueva votación a mano alzada, dando por aprobado el acuerdo a favor de la empresa minera. Esta maniobra provocó una fuerte trifulca, agresiones físicas y el rechazo inmediato de las bases comunales.

Cuestionamiento Legal y Ambiental

El Comité de Lucha ha calificado el acta de la asamblea como "totalmente nula e ilegal". Los asesores legales de la comunidad advierten que el procedimiento violó de forma flagrante la Ley General de Comunidades Campesinas (Ley N° 24656), la cual estipula de manera taxativa que cualquier disposición o venta de territorios comunales requiere el voto favorable de al menos dos tercios (66.6%) de los miembros calificados de la comunidad.

Más allá de la controversia por los terrenos, el descontento de la población de Chavín con Nexa Resources responde a un acumulado de reclamos socioambientales. Las familias locales, dedicadas principalmente a la ganadería y la agricultura de subsistencia, denuncian presuntos incumplimientos en los convenios previos y expresan una profunda preocupación por el impacto de las operaciones de la mina Cerro Lindo en las fuentes de agua y bofedales de la zona.

Respuestas y Escenario Actual

Frente a las acusaciones, la Junta Directiva emitió un comunicado en el que niega las irregularidades, atribuye las protestas a una supuesta campaña de desinformación promovida por "sectores desestabilizadores" y anunció procesos disciplinarios contra los dirigentes del Comité de Lucha.

Por su parte, los comuneros en pie de lucha han anunciado que formalizarán las denuncias ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) para frenar la inscripción de cualquier acta irregular, al tiempo que evalúan el inicio de medidas de fuerza de carácter indefinido para defender la intangibilidad de sus tierras ancestrales. 

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POLÉMICA EN ICA: LA CONSTANTE AMENAZA MINERA SOBRE EL PATRIMONIO DE NASCA ENCIENDE LAS ALERTAS


 

NASCA

El debate entre la explotación de recursos económicos y la conservación del patrimonio cultural ha vuelto a poner a la provincia de Nasca en el ojo de la tormenta. Ciudadanos, colectivos culturales y arqueólogos han manifestado su profunda indignación ante el avance de actividades mineras en zonas que albergan invaluables vestigios de la civilización Nasca, exigiendo respuestas claras a las autoridades sobre los criterios técnicos que regulan estos permisos.

A continuación, analizamos los tres frentes clave que explican cómo se originó esta crisis, quiénes otorgan las autorizaciones y qué medidas se están tomando para frenar el impacto en las pampas del sur peruano.

1. El laberinto de los permisos: ¿Quién autoriza la actividad minera?

Una de las principales confusiones radica en cómo el Estado Peruano gestiona su subsuelo. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) es la entidad encargada de otorgar las concesiones mineras a nivel nacional. Sin embargo, el marco legal estipula que un título de concesión no otorga el derecho de iniciar explotación ni exploración. [1]

Para que cualquier proyecto —sea gran minería o minería artesanal— mueva una sola piedra, requiere de manera obligatoria el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), emitido exclusivamente por el Ministerio de Cultura. Técnicamente, ninguna empresa legal puede operar si las evaluaciones arqueológicas previas demuestran la presencia de patrimonio. Cuando se detecta actividad minera sobre vestigios, o bien se trata de operaciones que falsearon información, o corresponde netamente al espectro de la ilegalidad.

2. El polémico "recorte" del área protegida que encendió las alarmas

La desconfianza ciudadana hacia las instituciones estatales alcanzó su punto álgido tras una polémica decisión administrativa del propio Ministerio de Cultura. En mayo de 2025, el sector emitió una resolución que reducía de golpe el polígono de protección de la Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca, dejando desprotegidos más de 2,000 kilómetros cuadrados de territorio.

La medida liberaba terrenos precisamente donde existían decenas de petitorios mineros e inscripciones de mineros informales en el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera). Ante la inmediata presión de gremios turísticos de Ica, arqueólogos internacionales y las protestas de la población civil, el Ministerio se vio obligado a retroceder pocos días después, emitiendo la Resolución Viceministerial Nº 000134-2025-VMPCIC/MC que restituyó la intangibilidad de los 5,633 kilómetros cuadrados originales. No obstante, el hecho dejó en evidencia la vulnerabilidad política del patrimonio frente a presiones extractivas.

3. La verdadera frontera del desastre: La minería ilegal e informal

A pesar de que el marco legal prohíbe formalmente la minería en zonas arqueológicas delimitadas, el peligro más destructivo y real en Nasca no proviene de las autorizaciones del Gobierno, sino de las redes de minería ilegal.

Aprovechando la vasta extensión de las pampas y la falta de hitos físicos, mineros ilegales instalan campamentos, abren socavones y montan plantas artesanales de procesamiento de oro (quimbaletes) en zonas de amortiguamiento. Al operar completamente al margen de la ley, estas mafias destruyen caminos antiguos, cementerios preincas y geoglifos menores que no están plenamente registrados en los catastros públicos.

¿Quién fiscaliza?

La responsabilidad de frenar este atentado recae en una mesa multisectorial integrada por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y la Policía Nacional. Periódicamente se ejecutan operativos de interdicción para dinamitar maquinaria pesada y desalojar campamentos, pero la inmensidad del desierto y los altos ingresos del oro informal hacen que los infractores regresen al poco tiempo.

La ciudadanía y las organizaciones defensoras de Nasca mantienen una postura firme: el patrimonio cultural de la humanidad no es negociable y el Estado debe garantizar que los intereses económicos de corto plazo no terminen borrando las huellas de la historia peruana.

ESCÁNDALO EN CHINCHA: MAFIA INTERNA EN EL HOSPITAL SAN JOSÉ OPERA CON LA COMPLICIDAD DEL SILENCIO REGIONAL

 CHINCHA / PERÚ — El sistema de salud en la provincia de Chincha atraviesa uno de sus capítulos más oscuros. Una serie de graves denuncias periodísticas y ciudadanas han puesto al descubierto una presunta red criminal dedicada a la venta de plazas laborales y al direccionamiento sistemático de contratos dentro del Hospital San José de Chincha (Unidad Ejecutora 401). La filtración de audios, chats y testimonios apunta a cobros ilícitos exorbitantes —que oscilan entre los 40 mil y 80 mil soles por puestos para enfermeras y técnicos—, configurando un millonario negocio ilegal a expensas de la salud pública.

Las fichas del tablero: Funcionarios bajo sospecha

El modus operandi de esta presunta organización no habría sido posible sin el control estratégico de áreas clave del nosocomio. Las investigaciones periodísticas e independientes señalan de forma directa a la Unidad de Personal, jefatura acusada de burlar los perfiles legales vigentes para amparar el ingreso de personal no calificado y beneficiar a facciones internas.

Este direccionamiento quedó en evidencia con casos concretos documentados por gremios de salud, donde se designó a médicos generales con mínima experiencia para cubrir plazas de especialidades obligatorias con presupuestos del Estado. A esto se suma el alarmante antecedente expuesto a nivel nacional, donde se reveló que la propia dirección del Hospital San José de Chincha llegó a tasarse en 120 mil soles bajo administraciones corrompidas, recuperando el "dinero invertido" mediante la falsificación sistemática de viáticos y manejos logísticos internos.

Ángel Macazana en el ojo de la tormenta

El escándalo ha escalado hacia las altas esferas políticas de la región Ica, colocando al consejero regional por Chincha, Ángel Macazana Ordóñez, en el centro de los cuestionamientos públicos. En lugar de ejercer un rol fiscalizador estricto frente a los evidentes indicios de corrupción en la Unidad Ejecutora de su provincia, la población y los colectivos de salud lo acusan de mantener una cercanía pasiva y presuntos nexos con los funcionarios investigados. Las críticas en su contra se han agudizado en las calles y redes sociales, donde se le exige transparencia inmediata sobre su conocimiento o nivel de influencia en el manejo de personal del hospital.

Un Gobernador que otorga con el silencio

Frente a este desmadre administrativo, la indignación ciudadana ha encontrado un detonante mayor: el hermetismo total del gobernador regional de Ica, Jorge Carlos "Rocky" Hurtado Herrera. A pesar de que la Dirección Regional de Salud (DIRESA Ica) y los presupuestos hospitalarios dependen directamente de su despacho en el Gobierno Regional (GORE Ica), la máxima autoridad regional ha optado por no emitir ningún pronunciamiento oficial que condene la mafia de cupos ni ordene una reorganización total.

Para los frentes de defensa locales, el silencio de "Rocky" Hurtado no hace más que alimentar la percepción de encubrimiento y complicidad política para proteger los pactos de su gestión en Chincha. Mientras el sector salud de la región atraviesa una crisis institucional severa —agravada por renuncias de directores en provincias vecinas y la intervención constante de fiscalías especializadas—, el Hospital San José de Chincha continúa operando bajo la sombra de la impunidad. La población exige la intervención inmediata de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía Anticorrupción para incautar las planillas de las convocatorias CAS y detener el desvalijamiento de la salud chinchana. 

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SE ACABÓ EL "BORRÓN Y CUENTA NUEVA"! ALCALDES SALIENTES TENDRÁN QUE RENDIR CUENTAS DE SU GESTIÓN

 


Con las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 cada vez más cerca, la Contraloría General de la República ha puesto la lupa sobre las autoridades que dejarán el cargo. Esta vez, no bastará con entregar las llaves del municipio: deberán explicar, documentar y sustentar cómo administraron los recursos públicos durante su gestión.

La Resolución de Contraloría N.° 344-2026-CG establece que la rendición de cuentas será obligatoria para los alcaldes y gobernadores que culminen su mandato. La disposición busca que las nuevas autoridades reciban información completa sobre el estado financiero, las obras ejecutadas e inconclusas, los proyectos, los bienes del Estado, la documentación institucional y la situación administrativa de cada entidad.

La medida responde a una realidad que durante años ha sido cuestionada por la ciudadanía: gestiones que concluyen dejando obras paralizadas, expedientes incompletos, deudas no informadas y serias dificultades para conocer el verdadero estado de las municipalidades y gobiernos regionales.

Ahora, la información que entreguen las autoridades salientes podrá convertirse en una herramienta clave para que las nuevas gestiones identifiquen posibles irregularidades, determinen responsabilidades cuando corresponda y continúen los proyectos en beneficio de la población.

Especialistas consideran que una transferencia transparente no solo fortalece la continuidad de los servicios públicos, sino que también contribuye a prevenir actos de corrupción y facilita el control posterior por parte de los órganos competentes.

Mientras se acerca el cambio de autoridades, la ciudadanía también tendrá un papel importante: exigir que la rendición de cuentas no sea un simple trámite administrativo, sino un verdadero ejercicio de transparencia sobre el uso de los recursos públicos.