Vecinos exigen la intervención de la
Contraloría ante prioridades de gasto de la gestión interina de Martha Pachas,
en medio de una severa crisis de servicios públicos.
SUNAMPE (Chincha). – Mientras la población del
distrito de Sunampe convive a diario con el colapso de la limpieza pública, la
acumulación de desmonte en las calles y vías completamente destruidas, una
nueva polémica sacude la gestión municipal. Vecinos y dirigentes locales
denunciaron con indignación que la actual alcaldesa interina, Martha Pachas
Torres, ha priorizado el gasto de fondos públicos en la adquisición de nuevos y
costosos muebles para su despacho, regidores y funcionarios de confianza.
La noticia ha encendido las alarmas
en una población que califica el hecho como "una burla" frente a las
carencias del distrito. Sectores enteros de Sunampe lucen inundados de
desperdicios debido a las deficiencias en el recojo de basura, un problema que
la propia gestión intentó justificar semanas atrás aduciendo trabas
administrativas y falta de presupuesto. Sin embargo, la compra de mobiliario de
oficina demuestra que el dinero municipal se viene direccionando a la comodidad
de las autoridades antes que a la emergencia sanitaria.
Calles destruidas y abandono urbano
El contraste en las calles de Sunampe
es crítico. Los transportistas y peatones deben sortear diariamente pistas
rotas llenas de baches que dañan los vehículos y ponen en riesgo la seguridad
vial. A esto se suma el desmonte acumulado en plena vía pública que obstaculiza
el libre tránsito, sin que la gerencia de Desarrollo Urbano o Servicios
Públicos ejecute un plan de contingencia efectivo.
"Es increíble que para la
limpieza del pueblo nos digan que no hay plata o que el JNE no firma las
credenciales, pero para sentarse en sillones nuevos y cómodos sí encuentran el
dinero de inmediato", manifestó un indignado vecino de la zona céntrica
del distrito.
Gestión bajo la lupa de la
Contraloría
Este nuevo cuestionamiento se suma a
la inestabilidad política que vive el municipio tras la captura y prisión
preventiva del exalcalde Jesús Rojas Valerio por presuntos actos de corrupción.
La gestión interina de Pachas Torres ya arrastra observaciones de la
Contraloría General de la República, la cual advirtió recientemente sobre
graves irregularidades en la acreditación de personas externas (locadores de
servicios) para autorizar gastos presupuestales.
Dirigentes vecinales anunciaron que
recurrirán al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y al
portal del SEACE para exigir los montos exactos y las órdenes de compra de
estos muebles, a fin de formalizar una denuncia penal por presunta malversación
de fondos y afectación a los servicios esenciales de la comunidad.
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