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COMUNEROS DE CHAVÍN EN CHINCHA RECHAZAN VENTA DE TIERRAS ANCESTRALES A MINERA NEXA RESOURCES Y DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN ASAMBLEA

CHINCHA, ICA. – La tensión social se agudiza en la Comunidad Campesina de Chavín, ubicada en la provincia de Chincha. En una multitudinaria Asamblea General, la mayoría de los comuneros calificados votaron en contra de la venta de 28 hectáreas de tierras comunales a la empresa minera Nexa Resources, operadora de la unidad minera Cerro Lindo. Sin embargo, la posterior declaratoria de aprobación de la venta por parte de la directiva comunal ha desatado graves denuncias de manipulación e ilegalidad.

El conflicto estalló luego de que el Comité de Lucha de la comunidad y diversos delegados informaran que entre el 70% y el 80% de los asistentes rechazaron la propuesta de transferencia de tierras mediante el voto secreto. Según los testimonios y denuncias públicas, tras conocerse este rechazo mayoritario, la junta directiva liderada por Félix Manrique Ramírez suspendió temporalmente la sesión.

Aprovechando el retiro de gran parte de los comuneros opositores, la directiva habría reinstalado la mesa de manera sorpresiva para realizar una nueva votación a mano alzada, dando por aprobado el acuerdo a favor de la empresa minera. Esta maniobra provocó una fuerte trifulca, agresiones físicas y el rechazo inmediato de las bases comunales.

Cuestionamiento Legal y Ambiental

El Comité de Lucha ha calificado el acta de la asamblea como "totalmente nula e ilegal". Los asesores legales de la comunidad advierten que el procedimiento violó de forma flagrante la Ley General de Comunidades Campesinas (Ley N° 24656), la cual estipula de manera taxativa que cualquier disposición o venta de territorios comunales requiere el voto favorable de al menos dos tercios (66.6%) de los miembros calificados de la comunidad.

Más allá de la controversia por los terrenos, el descontento de la población de Chavín con Nexa Resources responde a un acumulado de reclamos socioambientales. Las familias locales, dedicadas principalmente a la ganadería y la agricultura de subsistencia, denuncian presuntos incumplimientos en los convenios previos y expresan una profunda preocupación por el impacto de las operaciones de la mina Cerro Lindo en las fuentes de agua y bofedales de la zona.

Respuestas y Escenario Actual

Frente a las acusaciones, la Junta Directiva emitió un comunicado en el que niega las irregularidades, atribuye las protestas a una supuesta campaña de desinformación promovida por "sectores desestabilizadores" y anunció procesos disciplinarios contra los dirigentes del Comité de Lucha.

Por su parte, los comuneros en pie de lucha han anunciado que formalizarán las denuncias ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) para frenar la inscripción de cualquier acta irregular, al tiempo que evalúan el inicio de medidas de fuerza de carácter indefinido para defender la intangibilidad de sus tierras ancestrales. 

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POLÉMICA EN ICA: LA CONSTANTE AMENAZA MINERA SOBRE EL PATRIMONIO DE NASCA ENCIENDE LAS ALERTAS


 

NASCA

El debate entre la explotación de recursos económicos y la conservación del patrimonio cultural ha vuelto a poner a la provincia de Nasca en el ojo de la tormenta. Ciudadanos, colectivos culturales y arqueólogos han manifestado su profunda indignación ante el avance de actividades mineras en zonas que albergan invaluables vestigios de la civilización Nasca, exigiendo respuestas claras a las autoridades sobre los criterios técnicos que regulan estos permisos.

A continuación, analizamos los tres frentes clave que explican cómo se originó esta crisis, quiénes otorgan las autorizaciones y qué medidas se están tomando para frenar el impacto en las pampas del sur peruano.

1. El laberinto de los permisos: ¿Quién autoriza la actividad minera?

Una de las principales confusiones radica en cómo el Estado Peruano gestiona su subsuelo. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) es la entidad encargada de otorgar las concesiones mineras a nivel nacional. Sin embargo, el marco legal estipula que un título de concesión no otorga el derecho de iniciar explotación ni exploración. [1]

Para que cualquier proyecto —sea gran minería o minería artesanal— mueva una sola piedra, requiere de manera obligatoria el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), emitido exclusivamente por el Ministerio de Cultura. Técnicamente, ninguna empresa legal puede operar si las evaluaciones arqueológicas previas demuestran la presencia de patrimonio. Cuando se detecta actividad minera sobre vestigios, o bien se trata de operaciones que falsearon información, o corresponde netamente al espectro de la ilegalidad.

2. El polémico "recorte" del área protegida que encendió las alarmas

La desconfianza ciudadana hacia las instituciones estatales alcanzó su punto álgido tras una polémica decisión administrativa del propio Ministerio de Cultura. En mayo de 2025, el sector emitió una resolución que reducía de golpe el polígono de protección de la Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca, dejando desprotegidos más de 2,000 kilómetros cuadrados de territorio.

La medida liberaba terrenos precisamente donde existían decenas de petitorios mineros e inscripciones de mineros informales en el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera). Ante la inmediata presión de gremios turísticos de Ica, arqueólogos internacionales y las protestas de la población civil, el Ministerio se vio obligado a retroceder pocos días después, emitiendo la Resolución Viceministerial Nº 000134-2025-VMPCIC/MC que restituyó la intangibilidad de los 5,633 kilómetros cuadrados originales. No obstante, el hecho dejó en evidencia la vulnerabilidad política del patrimonio frente a presiones extractivas.

3. La verdadera frontera del desastre: La minería ilegal e informal

A pesar de que el marco legal prohíbe formalmente la minería en zonas arqueológicas delimitadas, el peligro más destructivo y real en Nasca no proviene de las autorizaciones del Gobierno, sino de las redes de minería ilegal.

Aprovechando la vasta extensión de las pampas y la falta de hitos físicos, mineros ilegales instalan campamentos, abren socavones y montan plantas artesanales de procesamiento de oro (quimbaletes) en zonas de amortiguamiento. Al operar completamente al margen de la ley, estas mafias destruyen caminos antiguos, cementerios preincas y geoglifos menores que no están plenamente registrados en los catastros públicos.

¿Quién fiscaliza?

La responsabilidad de frenar este atentado recae en una mesa multisectorial integrada por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y la Policía Nacional. Periódicamente se ejecutan operativos de interdicción para dinamitar maquinaria pesada y desalojar campamentos, pero la inmensidad del desierto y los altos ingresos del oro informal hacen que los infractores regresen al poco tiempo.

La ciudadanía y las organizaciones defensoras de Nasca mantienen una postura firme: el patrimonio cultural de la humanidad no es negociable y el Estado debe garantizar que los intereses económicos de corto plazo no terminen borrando las huellas de la historia peruana.

ESCÁNDALO EN CHINCHA: MAFIA INTERNA EN EL HOSPITAL SAN JOSÉ OPERA CON LA COMPLICIDAD DEL SILENCIO REGIONAL

 CHINCHA / PERÚ — El sistema de salud en la provincia de Chincha atraviesa uno de sus capítulos más oscuros. Una serie de graves denuncias periodísticas y ciudadanas han puesto al descubierto una presunta red criminal dedicada a la venta de plazas laborales y al direccionamiento sistemático de contratos dentro del Hospital San José de Chincha (Unidad Ejecutora 401). La filtración de audios, chats y testimonios apunta a cobros ilícitos exorbitantes —que oscilan entre los 40 mil y 80 mil soles por puestos para enfermeras y técnicos—, configurando un millonario negocio ilegal a expensas de la salud pública.

Las fichas del tablero: Funcionarios bajo sospecha

El modus operandi de esta presunta organización no habría sido posible sin el control estratégico de áreas clave del nosocomio. Las investigaciones periodísticas e independientes señalan de forma directa a la Unidad de Personal, jefatura acusada de burlar los perfiles legales vigentes para amparar el ingreso de personal no calificado y beneficiar a facciones internas.

Este direccionamiento quedó en evidencia con casos concretos documentados por gremios de salud, donde se designó a médicos generales con mínima experiencia para cubrir plazas de especialidades obligatorias con presupuestos del Estado. A esto se suma el alarmante antecedente expuesto a nivel nacional, donde se reveló que la propia dirección del Hospital San José de Chincha llegó a tasarse en 120 mil soles bajo administraciones corrompidas, recuperando el "dinero invertido" mediante la falsificación sistemática de viáticos y manejos logísticos internos.

Ángel Macazana en el ojo de la tormenta

El escándalo ha escalado hacia las altas esferas políticas de la región Ica, colocando al consejero regional por Chincha, Ángel Macazana Ordóñez, en el centro de los cuestionamientos públicos. En lugar de ejercer un rol fiscalizador estricto frente a los evidentes indicios de corrupción en la Unidad Ejecutora de su provincia, la población y los colectivos de salud lo acusan de mantener una cercanía pasiva y presuntos nexos con los funcionarios investigados. Las críticas en su contra se han agudizado en las calles y redes sociales, donde se le exige transparencia inmediata sobre su conocimiento o nivel de influencia en el manejo de personal del hospital.

Un Gobernador que otorga con el silencio

Frente a este desmadre administrativo, la indignación ciudadana ha encontrado un detonante mayor: el hermetismo total del gobernador regional de Ica, Jorge Carlos "Rocky" Hurtado Herrera. A pesar de que la Dirección Regional de Salud (DIRESA Ica) y los presupuestos hospitalarios dependen directamente de su despacho en el Gobierno Regional (GORE Ica), la máxima autoridad regional ha optado por no emitir ningún pronunciamiento oficial que condene la mafia de cupos ni ordene una reorganización total.

Para los frentes de defensa locales, el silencio de "Rocky" Hurtado no hace más que alimentar la percepción de encubrimiento y complicidad política para proteger los pactos de su gestión en Chincha. Mientras el sector salud de la región atraviesa una crisis institucional severa —agravada por renuncias de directores en provincias vecinas y la intervención constante de fiscalías especializadas—, el Hospital San José de Chincha continúa operando bajo la sombra de la impunidad. La población exige la intervención inmediata de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía Anticorrupción para incautar las planillas de las convocatorias CAS y detener el desvalijamiento de la salud chinchana. 

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SE ACABÓ EL "BORRÓN Y CUENTA NUEVA"! ALCALDES SALIENTES TENDRÁN QUE RENDIR CUENTAS DE SU GESTIÓN

 


Con las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 cada vez más cerca, la Contraloría General de la República ha puesto la lupa sobre las autoridades que dejarán el cargo. Esta vez, no bastará con entregar las llaves del municipio: deberán explicar, documentar y sustentar cómo administraron los recursos públicos durante su gestión.

La Resolución de Contraloría N.° 344-2026-CG establece que la rendición de cuentas será obligatoria para los alcaldes y gobernadores que culminen su mandato. La disposición busca que las nuevas autoridades reciban información completa sobre el estado financiero, las obras ejecutadas e inconclusas, los proyectos, los bienes del Estado, la documentación institucional y la situación administrativa de cada entidad.

La medida responde a una realidad que durante años ha sido cuestionada por la ciudadanía: gestiones que concluyen dejando obras paralizadas, expedientes incompletos, deudas no informadas y serias dificultades para conocer el verdadero estado de las municipalidades y gobiernos regionales.

Ahora, la información que entreguen las autoridades salientes podrá convertirse en una herramienta clave para que las nuevas gestiones identifiquen posibles irregularidades, determinen responsabilidades cuando corresponda y continúen los proyectos en beneficio de la población.

Especialistas consideran que una transferencia transparente no solo fortalece la continuidad de los servicios públicos, sino que también contribuye a prevenir actos de corrupción y facilita el control posterior por parte de los órganos competentes.

Mientras se acerca el cambio de autoridades, la ciudadanía también tendrá un papel importante: exigir que la rendición de cuentas no sea un simple trámite administrativo, sino un verdadero ejercicio de transparencia sobre el uso de los recursos públicos.

SOLICITAN INVESTIGACIÓN SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATACIONES DEL HOSPITAL SAN JOSÉ DE CHINCHA



 CHINCHA 

Diversos sectores han solicitado que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva sobre presuntas irregularidades relacionadas con procesos de contratación de personal en el Hospital San José de Chincha, así como sobre la actuación de los funcionarios que tuvieron responsabilidades en dichos procedimientos.

La confianza en las instituciones públicas se construye sobre un principio fundamental: el acceso al empleo público debe estar regido por el mérito, la igualdad de oportunidades y el estricto cumplimiento de la ley. Cuando surgen denuncias o cuestionamientos sobre posibles irregularidades en los procesos de contratación, corresponde a las autoridades actuar con rapidez, independencia y transparencia.

Estas solicitudes han generado preocupación por la necesidad de garantizar que cada plaza pública haya sido cubierta conforme a los principios de mérito y legalidad.

El pedido incluye que se revisen las actuaciones administrativas correspondientes a los dos últimos periodos de gobierno regional, con el propósito de determinar si los procesos de selección y contratación se desarrollaron conforme a la normativa vigente.

Entre los funcionarios cuyo desempeño ha sido mencionado en el debate público se encuentra Jhon Anderson Espino Baldiño, quien anteriormente ocupó el cargo de gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Sunampe y actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Recursos Humanos del Hospital San José de Chincha. Hasta el momento, cualquier eventual responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades competentes dentro de las investigaciones que correspondan.

Especialistas en gestión pública señalan que, ante denuncias sobre presuntas irregularidades en el acceso a plazas laborales, corresponde que organismos como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y las instancias de control institucional, según sus competencias, verifiquen los hechos, recopilen evidencia y determinen si existieron infracciones administrativas o la comisión de delitos.

La transparencia en la gestión del empleo público constituye un elemento esencial para garantizar la igualdad de oportunidades, el acceso basado en el mérito y la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.

 

 


PERÚ DECLARA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR BROTE DE INFLUENZA AVIAR H5N1

 


El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio peruano por un periodo de 90 días calendario. La medida se tomó tras confirmar la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad (H5N1) en aves de corral domésticas en los distritos de Carabayllo y Cañete, en el departamento de Lima. El objetivo es activar mecanismos de control urgentes para salvaguardar la industria avícola nacional.

Medidas y restricciones obligatorias a nivel nacional

Con la publicación de la Resolución Jefatural N.° 104-2026-MIDAGRI-SENASA-JN, se han establecido disposiciones de cumplimiento obligatorio para criadores, comerciantes y transportistas:

·         Restricción de movimiento: Se prohíbe movilizar aves domésticas vivas y productos de riesgo biológico desde las zonas calificadas como focos de infección sin la autorización expresa del SENASA.

·         Certificados de tránsito: Es obligatorio contar con un certificado sanitario emitido por la autoridad para el traslado de aves vivas y sus derivados dentro del país.

·         Prohibición de eventos: Quedan suspendidas las ferias avícolas, exposiciones y eventos gallísticos en las regiones afectadas o de alto riesgo.

·         Disposición de residuos: Está estrictamente prohibido arrojar aves muertas a la vía pública, canales de riego o fuentes de agua.

Abastecimiento y consumo de pollo y huevo

A pesar de la alerta sanitaria, las autoridades informaron que el suministro de carne de ave y huevos está plenamente garantizado para los mercados locales. Asimismo, se aclaró que el consumo de estos productos no representa un riesgo para la salud humana, siempre que provengan de establecimientos con control sanitario. Las exportaciones avícolas peruanas tampoco sufrirán restricciones comerciales debido a esta medida preventiva.

¿Cómo reportar casos sospechosos?

El SENASA ha exhortado a los productores avícolas, medianos criadores y ciudadanos a extremar las medidas de bioseguridad en sus predios. Ante cualquier sospecha de la enfermedad (mortalidad elevada, signos respiratorios o neurológicos en las aves), se habilitaron los siguientes canales de atención inmediata:

·         Línea telefónica / WhatsApp: 946 922 469

·         Correo electrónico: reporte.influenza@senasa.gob.pe

·         Sede presencial: Oficinas de las direcciones ejecutivas del SENASA a nivel nacional.

 

COLISIÓN FRONTAL EN LA PANAMERICANA SUR DEJA CUATRO HERIDOS GRAVES EN EL SECTOR ALTO GRANDE

 


LOMAS.
Un violento choque frontal entre dos vehículos identificados con las placas de rodaje D2X-439 y BLZ-151 dejó como saldo cuatro personas gravemente heridas en el sector de Alto Grande, dentro del distrito de Lomas. El siniestro vial se registró aproximadamente a las 9:00 de la noche a la altura de la Carretera Panamericana Sur, provocando una rápida movilización de las unidades de emergencia.

Tras el fuerte impacto, el personal de la Compañía de Bomberos de Vista Alegre y los efectivos de la Policía de Carreteras se trasladaron de inmediato al lugar de los hechos. Los equipos de rescate trabajaron de manera coordinada para auxiliar a las víctimas atrapadas y estabilizarlas debido a la gravedad de sus lesiones.



Los cuatro heridos fueron trasladados de urgencia hacia el hospital de apoyo de Nasca para recibir atención médica especializada. Por su parte, la Policía Nacional del Perú ha iniciado el peritaje técnico a ambas unidades vehiculares con el fin de esclarecer las causas que provocaron este choque en la transitada vía nacional.