El Cuerpo Médico del Hospital San
José de Chincha acató un plantón en los exteriores del establecimiento para
exigir la destitución inmediata de los funcionarios y trabajadores implicados
en una presunta red de corrupción dedicada a la venta de plazas laborales.
La protesta se desencadenó tras la
reciente intervención de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional, que
investigan cobros ilegales que oscilarían entre los 40 mil y 80 mil soles para
acceder a puestos de trabajo dentro del nosocomio. Los manifestantes señalaron
que estas irregularidades afectan gravemente la meritocracia y la calidad del
servicio de salud para la provincia.
Los dirigentes médicos advirtieron
que mantendrán las medidas de fuerza si las autoridades regionales no aceleran
los procesos administrativos de separación del personal bajo sospecha. Asimismo,
aclararon que la atención en las áreas de emergencia y hospitalización técnica
no se verá interrumpida durante las movilizaciones.
Una grave crisis de transparencia
sacude la Etapa Departamental de la Copa Perú en Ica. El conocido comediante y
gestor deportivo, Jorge Luna, denunció públicamente serias irregularidades en
la taquilla del Estadio Félix Castillo Tardío, afirmando que el boletaje
reportado oficialmente no coincide con la masiva cantidad de hinchas que
ingresaron el último domingo a presenciar el partido del club Domingo Dianderas
FC.
Según expuso el artista, mientras
las tribunas lucieron completamente abarrotadas con miles de espectadores, el
informe económico oficial arrojó una recaudación insólita de apenas 6,000
soles. Luna calificó la situación de inaceptable, sugiriendo un desvío de
fondos o un descontrol absoluto en el ingreso de personas, lo que perjudica
directamente las arcas del club que representa.
La gravedad de las acusaciones
encendió las alarmas en la dirigencia deportiva local. Ante el cuestionamiento
público de su honestidad y gestión, los representantes de la Liga Provincial de
Fútbol de Chincha convocaron a una conferencia de prensa de emergencia. Durante
el pronunciamiento, los directivos intentaron justificar el desbalance y
responder a los señalamientos de Luna, en medio de un clima de alta tensión
entre la prensa local y los aficionados.
Mientras las investigaciones
administrativas buscan esclarecer el destino del dinero de las entradas, el
plantel de Domingo Dianderas FC intenta mantenerse al margen del escándalo
extrafutbolístico para concentrarse en su participación en los cuartos de final
del torneo, donde el fenómeno mediático del club sigue convocando multitudes.
En un operativo conjunto desplegado
por la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del
Perú y el Ministerio Público, dos sujetos fueron capturados tras ser acusados
de extorsionar al alcalde del distrito de Grocio Prado, Víctor Hugo Pachas
Morán, a quien le exigían la suma de 50 mil soles.
La intervención se ejecutó bajo la
modalidad de "entrega controlada". Previamente, la autoridad edil
había denunciado que venía siendo víctima de amedrentamientos desde hace un mes
y medio mediante llamadas y mensajes de texto. Los delincuentes le aseguraban
que, a cambio del dinero, lo favorecerían en presuntos procesos judiciales y
evitarían supuestos allanamientos a sus propiedades.
Operativo en flagrancia
Tras coordinar con los agentes de la
Dircocor y la fiscalía de turno, se pactó la entrega de un adelanto de S/ 2,000
en efectivo. Los billetes fueron previamente fotocopiados y marcados por las
autoridades para certificar el delito.
En el momento en que los implicados
recibieron el dinero pactado, los efectivos policiales intervinieron de forma
inmediata, logrando la captura en flagrancia de los sospechosos.
Vínculo familiar
Tras la captura, el propio alcalde
de Grocio Prado, Víctor Hugo Pachas, confirmó un detalle que causó sorpresa en
la localidad: uno de los sujetos detenidos es un familiar político directo de
su entorno más cercano.
Ambos detenidos fueron trasladados a
las dependencias policiales correspondientes para continuar con las
investigaciones de ley. El Ministerio Público viene procesando el caso por los
presuntos delitos de extorsión y tráfico de influencias, mientras se evalúan
las medidas limitativas de la libertad para los involucrados.
La tensión social se ha agudizado
en el distrito de Chavín, provincia de Chincha, luego de que cientos de
comuneros calificados se movilizaran en una marcha de protesta contra la
empresa minera Nexa Resources Perú [Lalupa.pe]. La población acusa a la actual
junta directiva de la Comunidad Campesina de Chavín de intentar concertar, de
manera irregular y a espaldas de la asamblea, la venta de más de 28 hectáreas
de terreno comunal en beneficio de la corporación minera.
La indignación popular estalló tras
la asamblea general celebrada el pasado domingo 12 de julio. Según denunciaron
los propios manifestantes y dirigentes de las bases, la mayoría de los
comuneros asistentes votó rotundamente en contra de la independización y
transferencia de las tierras solicitadas por la minera. Sin embargo, acusan al
presidente de la comunidad, Félix Manrique Ramírez (conocido como
"Gato"), de pretender manipular las actas para validar legalmente la
venta ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp)
Vulneración de estatutos y recursos
hídricos
Los manifestantes sostienen que la entrega de estos terrenos viola los
estatutos internos que garantizan la intangibilidad del territorio comunal.
Asimismo, advierten que ceder estas
áreas impactaría directamente sobre las zonas de pastoreo y fuentes de agua
esenciales para la agricultura y ganadería de la zona alta de Chincha, que
convive con las operaciones de la unidad minera Cerro Lindo.
"No vamos a permitir que se
regale el patrimonio de nuestros hijos. La asamblea ya le dijo 'No' a Nexa,
pero el presidente comunal quiere imponer un acuerdo ilegal", manifestó
uno de los comuneros durante la marcha, donde se exhibieron pancartas exigiendo
la destitución inmediata de Manrique Ramírez.
Hacia un paro indefinido
Frente a lo que califican como una traición de sus dirigentes, las bases de la
Comunidad Campesina de Chavín han firmado un acta de autoconvocatoria para
declararse en movilización permanente. Además, anunciaron la organización de un
paro general distrital como medida de fuerza radical para frenar cualquier
trámite legal de traspaso territorial.
Hasta el momento, los comuneros
exigen la intervención de la Defensoría del Pueblo y de la Prefectura Regional
para evitar enfrentamientos en las inmediaciones de la mina, mientras exigen
una auditoría total a la gestión de la actual junta directiva y el cumplimiento
irrestricto de la voluntad expresada por la asamblea popular.
En un paso decisivo para la
educación en el sur chico, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
(SBN) formalizó la transferencia gratuita de un terreno de más de 9.9 hectáreas
a favor de la Universidad Nacional Tecnológica de Chincha (UNATECH). El predio
servirá para la edificación de su futura ciudad universitaria.
La ceremonia de entrega oficial e
inspección técnica contó con la presencia del ministro de Educación, Jorge
Marticorena, el superintendente de la SBN, José Mas Camus, y el alcalde
distrital de Pueblo Nuevo, Abel Sánchez Cahuana. El predio transferido abarca una
extensión exacta de 99,006 metros cuadrados y se ubica estratégicamente en la
zona alta de dicho distrito.
Con este
hito patrimonial, la comisión organizadora de la UNATECH asegura la base física
exigida por la Sunedu para avanzar de manera progresiva con las Condiciones
Básicas de Calidad (CBC) necesarias para su licenciamiento institucional.
Inicialmente, la casa de estudios proyecta albergar carreras clave para el
desarrollo industrial de la región Ica, tales como Ingeniería Industrial,
Ingeniería Textil e Ingeniería Agroindustrial.
En un operativo de urgencia,
representantes del Ministerio Público y agentes de la Dirección Contra la
Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional intervinieron las oficinas
administrativas del Hospital San José de Chincha. La acción legal responde a una
grave denuncia que alerta sobre la existencia de una presunta red criminal
enquistada en el nosocomio, dedicada al tráfico y venta ilícita de puestos de
trabajo.
Durante la diligencia, las
autoridades incautaron abundante documentación técnica, contratos, así como
computadoras y soportes informáticos de áreas clave. Todo el material fue
lacrado y trasladado por los peritos para someterlo a las investigaciones
correspondientes que permitan esclarecer el modus operandi de la organización.
Principales implicados bajo la lupa
Las pesquisas fiscales apuntan con
especial fuerza hacia la oficina de la Jefatura de Personal (Recursos Humanos)
y a un trabajador identificado preliminarmente como Carlos Ochoa. De acuerdo
con las denuncias y audios difundidos por medios de comunicación locales, estos
serían los presuntos coordinadores de los cobros indebidos.
Las grabaciones revelarían cómo se
direccionaban las convocatorias y se pactaban cupos laborales ilegales para
enfermeras y técnicos de la salud, cobrando sumas de dinero a cambio de
asegurar un contrato en la institución pública. Las autoridades ya cruzan
información para determinar el grado de complicidad de otros altos funcionarios
del establecimiento.
CHINCHA, ICA. – La tensión social se agudiza en
la Comunidad Campesina de Chavín, ubicada en la provincia de Chincha. En una
multitudinaria Asamblea General, la mayoría de los comuneros calificados
votaron en contra de la venta de 28 hectáreas de tierras comunales a la empresa
minera Nexa Resources, operadora de la unidad minera Cerro Lindo. Sin embargo,
la posterior declaratoria de aprobación de la venta por parte de la directiva
comunal ha desatado graves denuncias de manipulación e ilegalidad.
El conflicto estalló luego de que el
Comité de Lucha de la comunidad y diversos delegados informaran que entre el
70% y el 80% de los asistentes rechazaron la propuesta de transferencia de
tierras mediante el voto secreto. Según los testimonios y denuncias públicas,
tras conocerse este rechazo mayoritario, la junta directiva liderada por Félix
Manrique Ramírez suspendió temporalmente la sesión.
Aprovechando el retiro de gran parte
de los comuneros opositores, la directiva habría reinstalado la mesa de manera
sorpresiva para realizar una nueva votación a mano alzada, dando por aprobado
el acuerdo a favor de la empresa minera. Esta maniobra provocó una fuerte
trifulca, agresiones físicas y el rechazo inmediato de las bases comunales.
Cuestionamiento Legal y Ambiental
El Comité de Lucha ha calificado el
acta de la asamblea como "totalmente nula e ilegal". Los asesores
legales de la comunidad advierten que el procedimiento violó de forma flagrante
la Ley General de Comunidades Campesinas (Ley N° 24656), la cual estipula de
manera taxativa que cualquier disposición o venta de territorios comunales
requiere el voto favorable de al menos dos tercios (66.6%) de los miembros
calificados de la comunidad.
Más allá de la controversia por los
terrenos, el descontento de la población de Chavín con Nexa Resources responde
a un acumulado de reclamos socioambientales. Las familias locales, dedicadas
principalmente a la ganadería y la agricultura de subsistencia, denuncian
presuntos incumplimientos en los convenios previos y expresan una profunda
preocupación por el impacto de las operaciones de la mina Cerro Lindo en las
fuentes de agua y bofedales de la zona.
Respuestas y Escenario Actual
Frente a las acusaciones, la Junta
Directiva emitió un comunicado en el que niega las irregularidades, atribuye
las protestas a una supuesta campaña de desinformación promovida por
"sectores desestabilizadores" y anunció procesos disciplinarios
contra los dirigentes del Comité de Lucha.
Por su parte, los comuneros en pie
de lucha han anunciado que formalizarán las denuncias ante la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) para frenar la inscripción de
cualquier acta irregular, al tiempo que evalúan el inicio de medidas de fuerza
de carácter indefinido para defender la intangibilidad de sus tierras
ancestrales.
