Organizaciones ambientales advierten
sobre una masiva concentración de naves extranjeras en el límite del dominio
marítimo peruano. El calamar gigante enfrenta riesgo
de colapso.
MOLLENDO (Arequipa) — Una severa alarma ambiental y
económica se ha encendido en el litoral peruano. Reportes satelitales y
denuncias de organizaciones ambientalistas confirmaron la presencia de una flota
de aproximadamente 300 buques pesqueros de bandera china operando a unas
220 millas de la costa de Mollendo, en la región Arequipa. Las embarcaciones
industriales se encuentran posicionadas en aguas internacionales, justo en el
límite exterior de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del Perú.
De acuerdo con las autoridades portuarias
y gremios pesqueros, este masivo despliegue de naves de aguas lejanas tiene
como objetivo principal la explotación intensiva de la pota o calamar
gigante. Este recurso es vital tanto para la seguridad alimentaria nacional
como para la economía de miles de familias dedicadas a la pesca artesanal.
Amenaza biológica y escasez local
La presencia de la flota asiática
coincide con una crisis científica sin precedentes para la especie.
Evaluaciones recientes de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero
del Pacífico Sur (OROP-PS) advierten que las capturas globales de pota
sufrieron una estrepitosa caída del 52%, situando la biomasa del calamar
gigante en "zona roja".
Los pescadores artesanales locales
denuncian que la actividad industrial en el límite de las 200 millas bloquea el
corredor biológico del molusco, impidiendo que ingrese a aguas jurisdiccionales
peruanas. Las consecuencias ya se sienten en los mercados: la escasez del
producto ha disparado el precio por kilo de manera histórica, afectando directamente
la canasta básica familiar.
Vacíos de control y controversia
institucional
El descontento de los gremios
peruanos se profundiza ante las persistentes sospechas de pesca ilegal dentro
del mar territorial. Dirigentes pesqueros reiteraron sus críticas contra
embarcaciones extranjeras que presuntamente apagan sus sistemas de
geolocalización satelital para ingresar de forma irregular a puertos
nacionales, utilizando las figuras legales de "arribo forzoso" o
asistencia técnica.
Ante este panorama, organizaciones
de la sociedad civil exigen al Ministerio de la Producción (PRODUCE) y a
la Marina de Guerra del Perú intensificar los patrullajes aéreos y marítimos.
El objetivo es garantizar que la soberanía de las 200 millas no sea vulnerada y
frenar la presión extractiva desmedida en una región ecológica clave para el
Pacífico Sur.
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