La Asociación
Nacional de Periodistas del Perú – ANP rechaza la propuesta del Ejecutivo de
modificar el Código Penal “para incorporar el delito de revelación de
información reservada en el marco de investigaciones penales y actuaciones
policiales”, carente de sustento que, en la práctica, criminaliza la difusión
de información de interés público y constituye censura y persecución de fuentes
reservadas, atentando además contra el secreto profesional.
Esta iniciativa
forma parte del Proyecto de Ley 13280 “que delega en el Poder Ejecutivo la
facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la
criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento
institucional” formulado desde el despacho de Presidencia de la República.
Las actuales
intenciones del Ejecutivo, liderado por el presidente José Jerí, recuerdan al
sector intentos similares impulsados en su momento por los regímenes de Pedro
Castillo y Dina Boluarte. Nuevamente, la libertad de información sobre
investigaciones penales de relevancia pública cae en el foco del ataque
restrictivo impulsado por sectores que tienen, en su mayoría, personajes relevantes
comprometidos en dichos expedientes.
Asimismo, hacemos
notar que la exposición de motivos señala que la finalidad de la norma es
“proteger la reserva de información pública vinculada a la persecución penal,
las investigaciones y las operaciones de seguridad”, evidenciando la real
intención que tiene la propuesta, sin fundamentar cómo la revelación de
información reservada afecta las acciones hacia la criminalidad organizada.
En ese sentido, la
ANP señala que esta propuesta no se puede entender como parte de la lucha
contra la criminalidad organizada, por el contrario, va directamente contra el
periodismo de investigación desarrollando una censura previa en estos casos.
Por estas razones,
exhortamos a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la
República que suprima este extremo de la propuesta normativa por atentar contra
el periodismo de investigación y ser incongruente con la finalidad del proyecto
de ley.
El Ejecutivo, de
prosperar la propuesta, no solo causaría una grave afectación a la libertad de
prensa, sino también lesionaría gravemente el derecho de la gente a saber.
Finalmente,
recordamos que las normas penales no se deberían aprobar vía facultades
legislativas, ya que, al ser restrictivas de derechos, deben gozar del más amplio
debate. Los estándares de Derechos Humanos recomiendan que este tipo de
modificaciones penales no se produzcan de esa manera.
Lima, 22 de
noviembre de 2025
COMITÉ EJECUTIVO
NACIONAL
