El Cuerpo Médico del Hospital San
José de Chincha acató un plantón en los exteriores del establecimiento para
exigir la destitución inmediata de los funcionarios y trabajadores implicados
en una presunta red de corrupción dedicada a la venta de plazas laborales.
La protesta se desencadenó tras la
reciente intervención de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional, que
investigan cobros ilegales que oscilarían entre los 40 mil y 80 mil soles para
acceder a puestos de trabajo dentro del nosocomio. Los manifestantes señalaron
que estas irregularidades afectan gravemente la meritocracia y la calidad del
servicio de salud para la provincia.
Los dirigentes médicos advirtieron
que mantendrán las medidas de fuerza si las autoridades regionales no aceleran
los procesos administrativos de separación del personal bajo sospecha. Asimismo,
aclararon que la atención en las áreas de emergencia y hospitalización técnica
no se verá interrumpida durante las movilizaciones.
CHINCHA / PERÚ — El sistema de salud en la
provincia de Chincha atraviesa uno de sus capítulos más oscuros. Una serie de
graves denuncias periodísticas y ciudadanas han puesto al descubierto una
presunta red criminal dedicada a la venta de plazas laborales y al
direccionamiento sistemático de contratos dentro del Hospital San José de
Chincha (Unidad Ejecutora 401). La filtración de audios, chats y
testimonios apunta a cobros ilícitos exorbitantes —que oscilan entre los 40
mil y 80 mil soles por puestos para enfermeras y técnicos—, configurando un
millonario negocio ilegal a expensas de la salud pública.
Las fichas del tablero: Funcionarios
bajo sospecha
El modus operandi de esta presunta
organización no habría sido posible sin el control estratégico de áreas clave
del nosocomio. Las investigaciones periodísticas e independientes señalan de
forma directa a la Unidad de Personal, jefatura acusada de burlar los
perfiles legales vigentes para amparar el ingreso de personal no calificado y
beneficiar a facciones internas.
Este direccionamiento quedó en
evidencia con casos concretos documentados por gremios de salud, donde se
designó a médicos generales con mínima experiencia para cubrir plazas de
especialidades obligatorias con presupuestos del Estado. A esto se suma el
alarmante antecedente expuesto a nivel nacional, donde se reveló que la propia
dirección del Hospital
San José de Chincha llegó a tasarse en 120 mil soles bajo
administraciones corrompidas, recuperando el "dinero invertido"
mediante la falsificación sistemática de viáticos y manejos logísticos
internos.
Ángel Macazana en el ojo de la
tormenta
El escándalo ha escalado hacia las
altas esferas políticas de la región Ica, colocando al consejero regional por
Chincha, Ángel Macazana Ordóñez, en el centro de los cuestionamientos
públicos. En lugar de ejercer un rol fiscalizador estricto frente a los
evidentes indicios de corrupción en la Unidad Ejecutora de su provincia, la
población y los colectivos de salud lo acusan de mantener una cercanía pasiva y
presuntos nexos con los funcionarios investigados. Las críticas en su contra se
han agudizado en las calles y redes sociales, donde se le exige transparencia
inmediata sobre su conocimiento o nivel de influencia en el manejo de personal
del hospital.
Un Gobernador que otorga con el
silencio
Frente a este desmadre
administrativo, la indignación ciudadana ha encontrado un detonante mayor: el
hermetismo total del gobernador regional de Ica, Jorge Carlos
"Rocky" Hurtado Herrera. A pesar de que la Dirección Regional de
Salud (DIRESA Ica) y los presupuestos hospitalarios dependen directamente de su
despacho en el Gobierno Regional (GORE Ica), la máxima autoridad regional ha
optado por no emitir ningún pronunciamiento oficial que condene la mafia de
cupos ni ordene una reorganización total.
Para los frentes de defensa locales,
el silencio de "Rocky" Hurtado no hace más que alimentar la
percepción de encubrimiento y complicidad política para proteger los pactos de
su gestión en Chincha. Mientras el sector salud de la región atraviesa una
crisis institucional severa —agravada por renuncias de directores en provincias
vecinas y la intervención constante de fiscalías especializadas—, el Hospital
San José de Chincha continúa operando bajo la sombra de la impunidad. La
población exige la intervención inmediata de la Contraloría General de la
República y de la Fiscalía Anticorrupción para incautar las planillas de las convocatorias
CAS y detener
el desvalijamiento de la salud chinchana.
En conferencia
de prensa los integrantes de la policía especializada anticorrupción de Ica,
otorgo detalles sobre el operativo montado esta madrugada, para dar con la organización
criminal denominado Los Cuellos Blancos de Sunampe, encabezado por el alcalde
del distrito de Sunampe, en la provincia de Chincha.
A ellos se
les acusa de dirigir obras públicas para recaudar fondos para financiar
campañas políticas para permanecer en el poder, según se refirió hay indicios
de delitos graves de corrupción en contra del estado peruano y se espera que
las investigaciones den frutos sobre esta organización criminal.
Según se informó,
este caso se viene siguiendo desde el 2025 y la fiscalía ya habría solicitado
36 meses de prisión preventiva.
A solo seis meses de
terminar la renovación integral de la calle Colón, SEMAPACH está rompiendo la
vereda para instalar medidores, tapas y marcos de agua que, según ellos, no
fueron colocados conforme a los estándares oficiales.
La municipalidad
provincial de Chincha no coordinó con SEMAPACH, lo que obliga a rehacer una
obra nueva, generando un gasto innecesario y molestias constantes para los
vecinos. Esta irresponsabilidad se replica en calles como Santo Domingo, Andrés
Rázuri con Pedro Moreno, la misma Plaza de Armas de Chincha Alta y otras más
donde obras recién entregadas son demolidas para acomodar instalaciones
oficiales.
El abandono evidente
en la limpieza tras los trabajos, sumado a la falta de comunicación entre
entidades, evidencia no solo una pésima gestión, sino también alimenta la
sospecha de *CORRUPCIÓN* en la municipalidad.
¿QUÉ ESTÁ PASANDO
CON LA INVERSIÓN PÚBLICA? ¿POR QUÉ SE DESTINA DINERO A OBRAS QUE SE ROMPEN A
CORTO PLAZO? Vecinos y ciudadanos exigen respuestas claras y acciones
inmediatas para poner fin a este desastre que perjudica a toda la comunidad. Es
urgente que la municipalidad y SEMAPACH trabajen unidos, transparentes y
responsables, evitando así el derroche y malestar social.
Esta información nos
ha llegado directamente de vecinos afectados, quienes expresan su preocupación
y molestia por la situación que están viviendo.
