POLÉMICA EN ICA: LA CONSTANTE AMENAZA MINERA SOBRE EL PATRIMONIO DE NASCA ENCIENDE LAS ALERTAS


 

NASCA

El debate entre la explotación de recursos económicos y la conservación del patrimonio cultural ha vuelto a poner a la provincia de Nasca en el ojo de la tormenta. Ciudadanos, colectivos culturales y arqueólogos han manifestado su profunda indignación ante el avance de actividades mineras en zonas que albergan invaluables vestigios de la civilización Nasca, exigiendo respuestas claras a las autoridades sobre los criterios técnicos que regulan estos permisos.

A continuación, analizamos los tres frentes clave que explican cómo se originó esta crisis, quiénes otorgan las autorizaciones y qué medidas se están tomando para frenar el impacto en las pampas del sur peruano.

1. El laberinto de los permisos: ¿Quién autoriza la actividad minera?

Una de las principales confusiones radica en cómo el Estado Peruano gestiona su subsuelo. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) es la entidad encargada de otorgar las concesiones mineras a nivel nacional. Sin embargo, el marco legal estipula que un título de concesión no otorga el derecho de iniciar explotación ni exploración. [1]

Para que cualquier proyecto —sea gran minería o minería artesanal— mueva una sola piedra, requiere de manera obligatoria el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), emitido exclusivamente por el Ministerio de Cultura. Técnicamente, ninguna empresa legal puede operar si las evaluaciones arqueológicas previas demuestran la presencia de patrimonio. Cuando se detecta actividad minera sobre vestigios, o bien se trata de operaciones que falsearon información, o corresponde netamente al espectro de la ilegalidad.

2. El polémico "recorte" del área protegida que encendió las alarmas

La desconfianza ciudadana hacia las instituciones estatales alcanzó su punto álgido tras una polémica decisión administrativa del propio Ministerio de Cultura. En mayo de 2025, el sector emitió una resolución que reducía de golpe el polígono de protección de la Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca, dejando desprotegidos más de 2,000 kilómetros cuadrados de territorio.

La medida liberaba terrenos precisamente donde existían decenas de petitorios mineros e inscripciones de mineros informales en el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera). Ante la inmediata presión de gremios turísticos de Ica, arqueólogos internacionales y las protestas de la población civil, el Ministerio se vio obligado a retroceder pocos días después, emitiendo la Resolución Viceministerial Nº 000134-2025-VMPCIC/MC que restituyó la intangibilidad de los 5,633 kilómetros cuadrados originales. No obstante, el hecho dejó en evidencia la vulnerabilidad política del patrimonio frente a presiones extractivas.

3. La verdadera frontera del desastre: La minería ilegal e informal

A pesar de que el marco legal prohíbe formalmente la minería en zonas arqueológicas delimitadas, el peligro más destructivo y real en Nasca no proviene de las autorizaciones del Gobierno, sino de las redes de minería ilegal.

Aprovechando la vasta extensión de las pampas y la falta de hitos físicos, mineros ilegales instalan campamentos, abren socavones y montan plantas artesanales de procesamiento de oro (quimbaletes) en zonas de amortiguamiento. Al operar completamente al margen de la ley, estas mafias destruyen caminos antiguos, cementerios preincas y geoglifos menores que no están plenamente registrados en los catastros públicos.

¿Quién fiscaliza?

La responsabilidad de frenar este atentado recae en una mesa multisectorial integrada por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y la Policía Nacional. Periódicamente se ejecutan operativos de interdicción para dinamitar maquinaria pesada y desalojar campamentos, pero la inmensidad del desierto y los altos ingresos del oro informal hacen que los infractores regresen al poco tiempo.

La ciudadanía y las organizaciones defensoras de Nasca mantienen una postura firme: el patrimonio cultural de la humanidad no es negociable y el Estado debe garantizar que los intereses económicos de corto plazo no terminen borrando las huellas de la historia peruana.