CHINCHA | Un duro revés judicial sufrió
la defensa del suspendido alcalde de Sunampe, Jesús Rojas Valerio. La Sala de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ica no solo confirmó la prisión
preventiva en su contra, sino que amplió el plazo a 24 meses y ordenó la
captura inmediata de dos implicados que se encontraban libres.
En una resolución emitida este 13 de marzo, el
tribunal superior ratificó la medida coercitiva contra la presunta cúpula
de "Los Cuellos Blancos de Sunampe". Los magistrados
determinaron que existen elementos de convicción graves y fundados que vinculan
a Rojas Valerio y sus exfuncionarios con una red criminal dedicada al
direccionamiento de 48 obras públicas, por un monto superior a
los 9 millones de soles.
Ampliación y nuevas
capturas
La Sala decidió elevar de 18 a 24 meses el
tiempo que el suspendido burgomaestre deberá permanecer en el penal de Chincha.
El argumento principal es la complejidad de la investigación, que involucra
peritajes a decenas de contratos y el análisis de interceptaciones telefónicas
que probarían la concertación entre la municipalidad y empresas fachada.
Asimismo, la justicia ordenó la ubicación y
captura inmediata de José María Lévano Martínez y Luis
Carlos Girao Atuncar, quienes hasta hace poco afrontaban el proceso en
libertad. Para la Sala, el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos
(colusión agravada y organización criminal) justifican su internamiento preventivo.
Comparecencia con restricciones
No todos los procesados regresarán a prisión. El
tribunal revocó la detención de Diana Carolina Mendiguete Villa y Kristopher
Luis Luján Revatta, a quienes se les dictó comparecencia con restricciones.
Ambos deberán pagar una caución económica de 5 mil soles y
cumplir con reglas de conducta estrictas, bajo apercibimiento de volver a la
cárcel si incumplen las normas.
Un distrito en vilo
Mientras la situación legal de Rojas Valerio se
complica, en el distrito de Sunampe crece la incertidumbre. Esta decisión
judicial deja al municipio descabezado formalmente por los próximos dos años,
tiempo en el que la Fiscalía espera concluir las investigaciones y solicitar
una pena que podría superar los 15 años de cárcel para los cabecillas
de esta red que operó desde el corazón del poder local.
