Ministerio Público - Fiscalía de la Nación del Perú
El Poder Judicial de Ica emitió una sentencia que vuelve a poner bajo la lupa a las instituciones responsables de impartir justicia. Esta vez, el protagonista es un propio representante del Ministerio Público: el fiscal provincial Pedro Eloy Del Carpio Soto, declarado penalmente responsable por un caso de acoso laboral agravado que se extendió durante años sin que ninguna autoridad interna actuara oportunamente.Según la investigación judicial, Del Carpio mantuvo un comportamiento hostil, abusivo y sistemático contra una abogada bajo su mando directo, normalizando un clima de intimidación dentro de una entidad que, irónicamente, debería proteger a las víctimas de este tipo de violencia. A pesar de que las conductas se repitieron desde diciembre de 2020 hasta abril de 2023, solo ahora existe una condena firme, lo que evidencia la alarmante tolerancia institucional frente al abuso de poder.
El Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Ica lo
sentenció a cuatro años y seis meses de prisión suspendida, con tres años de
periodo de prueba. El expediente revela un patrón claro: insultos como “eres
ineficiente”, exigencias de permanecer fuera del horario laboral y amenazas
directas como “moveré cielo y tierra para sacarte del puesto”. Para el juzgado,
se trata de conductas que traspasan cualquier límite profesional y que
constituyen un delito agravado por la relación jerárquica
