El Costo de la Luz en la Oscuridad Ciudadana
El reciente Decreto Supremo
019-2026-EM abre un debate profundo sobre la gestión de los servicios
públicos en el Perú: ¿un aumento o redistribución en el recibo de luz
garantiza calles más iluminadas, o es solo una carga más para el ciudadano?
Mientras el Ejecutivo justifica la norma bajo el amparo de la seguridad
ciudadana, la realidad operativa de las empresas eléctricas y las alternativas
tecnológicas subutilizadas ponen en tela de juicio la eficacia de esta medida.
La Falacia del Ajuste Tarifario: Más
Cobros, Misma Oscuridad
La narrativa oficial sostiene que
modificando los factores de proporción (escalonados del 1 al 12 según el
consumo) se obtendrán los recursos necesarios para mejorar el alumbrado
público. Sin embargo, esta premisa ignora que las empresas eléctricas
concesionarias arrastran un histórico incumplimiento en la calidad del servicio.
Caminar por Lima o cualquier
provincia del país permite constatar que amplios sectores urbanos sufren de:
·
Luminarias
obsoletas o inoperativas
que dejan
avenidas enteras a oscuras durante semanas.
·
Demoras burocráticas y falta de mantenimiento preventivo
por parte de las distribuidoras, a pesar de que el cobro por alumbrado público
ya se realiza de forma automática mes a mes.
·
Luz mortecina de sodio en lugar de tecnologías modernas,
lo que reduce la visibilidad y facilita el accionar delictivo.
Cargar el costo al bolsillo de las
familias bajo la promesa de "más seguridad" resulta contradictorio
cuando las empresas encargadas no han demostrado la eficiencia técnica ni
fiscalizadora para administrar los fondos actuales. El ciudadano termina
pagando por adelantado un beneficio que rara vez se refleja en su entorno
inmediato.
La Alternativa Ignorada: Luminarias
Fotovoltaicas e Independencia Energética
El mayor punto débil de la política
del Ejecutivo es su insistencia en parchar un sistema centralizado y
dependiente de la red convencional, ignorando tecnologías más eficientes,
sostenibles y económicas a largo plazo: la iluminación fotovoltaica (solar).
El uso de postes de luz con paneles
solares y baterías integradas ofrece ventajas estructurales que resolverían el
problema sin castigar al consumidor:
·
Costo Operativo Cero: Al captar la energía del sol
durante el día, estas luminarias no generan consumo en la red eléctrica
general, lo que debería reducir —y no aumentar— el concepto de alumbrado
público en los recibos.
·
Autonomía y Resiliencia: Frente a emergencias climáticas
como el Fenómeno de El Niño, que suelen colapsar las redes de cableado
tradicionales y dejar ciudades a oscuras, los sistemas fotovoltaicos siguen
funcionando de manera independiente.
·
Sostenibilidad: Reducen la huella de carbono y
alinean al país con los estándares internacionales de transición energética.
Conclusión
El Decreto Supremo 019-2026-EM
parece ser una respuesta rápida que prioriza la recaudación y la estabilidad de
las concesionarias antes que una reforma estructural del servicio. Mejorar
la iluminación es una urgencia, pero exigir que la población pague más a
empresas que no cumplen, mientras se ignoran alternativas modernas como la
energía solar, no es eficiencia; es trasladar la inoperancia estatal al
bolsillo ciudadano.