Con las Elecciones Regionales y
Municipales de 2026 cada vez más cerca, la Contraloría General de la República
ha puesto la lupa sobre las autoridades que dejarán el cargo. Esta vez, no
bastará con entregar las llaves del municipio: deberán explicar, documentar y
sustentar cómo administraron los recursos públicos durante su gestión.
La Resolución de Contraloría N.°
344-2026-CG establece que la rendición de cuentas será obligatoria para los
alcaldes y gobernadores que culminen su mandato. La disposición busca que las
nuevas autoridades reciban información completa sobre el estado financiero, las
obras ejecutadas e inconclusas, los proyectos, los bienes del Estado, la
documentación institucional y la situación administrativa de cada entidad.
La medida responde a una realidad que
durante años ha sido cuestionada por la ciudadanía: gestiones que concluyen
dejando obras paralizadas, expedientes incompletos, deudas no informadas y
serias dificultades para conocer el verdadero estado de las municipalidades y
gobiernos regionales.
Ahora, la información que entreguen las
autoridades salientes podrá convertirse en una herramienta clave para que las
nuevas gestiones identifiquen posibles irregularidades, determinen
responsabilidades cuando corresponda y continúen los proyectos en beneficio de
la población.
Especialistas consideran que una
transferencia transparente no solo fortalece la continuidad de los servicios
públicos, sino que también contribuye a prevenir actos de corrupción y facilita
el control posterior por parte de los órganos competentes.
Mientras se acerca el cambio de
autoridades, la ciudadanía también tendrá un papel importante: exigir que la
rendición de cuentas no sea un simple trámite administrativo, sino un verdadero
ejercicio de transparencia sobre el uso de los recursos públicos.
