CHINCHA
El Poder Judicial se encuentra
nuevamente bajo el escrutinio público. La Fiscalía Superior y la Oficina
Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) han puesto la mira
sobre el magistrado Balbuena Carrasco, tras su cuestionada decisión de otorgar
libertad a Aldo Soto Grimaldi, sentenciado por usurpación agravada.
Una libertad bajo sospecha
El caso contra Soto Grimaldi no es
reciente. En 2018 recibió una sentencia que fue ratificada por instancias
superiores en 2021. Sin embargo, el proceso tomó un giro inesperado recientemente.
Pese a que en marzo de 2023 se había ordenado su captura inmediata por
incumplir las reglas de conducta —específicamente la devolución de un terreno
de más de 176 mil metros cuadrados—, el juez Balbuena emitió resoluciones que
frenaron su internamiento en un centro penitenciario.
Los hitos del cuestionamiento
La intervención de los órganos de
control se fundamenta en dos momentos clave de la actuación del magistrado
durante este año:
· Febrero: Declaró infundada la nulidad por inejecutabilidad de
la sentencia.
· Marzo: Declaró improcedente el pedido de revocatoria de la
libertad del procesado, permitiendo que Soto Grimaldi permanezca fuera de
prisión.
Bajo la lupa de la ODANC
Fuentes de la ODANC confirmaron que
se ha abierto una investigación para determinar si existen indicios de
inconducta funcional o irregularidades en la interpretación de la norma
procesal. La Fiscalía Superior, por su parte, busca asegurar que el despojo de
los terrenos en Chincha no quede impune tras años de litigio.
De hallarse responsabilidad, el
magistrado Balbuena Carrasco podría enfrentar desde medidas disciplinarias
preventivas hasta la apertura de un proceso sancionador que ponga en riesgo su
permanencia en el cargo.
