CONGRESO
Betsy Chávez ha
regresado al Congreso de la República del Perú como asesora del congresista
Roberto Sánchez, de la bancada Juntos por el Perú – Voces del Pueblo.
Esto se concretó a
partir del 5 de septiembre de 2025, tras su excarcelación ordenada por el
Tribunal Constitucional (TC) el 4 de septiembre, que anuló la prolongación de
su prisión preventiva por presuntos vicios procesales. La Fiscalía desistió de
solicitar la ampliación de la medida, permitiendo que permanezca en libertad
con comparecencia restringida mientras enfrenta un juicio oral por rebelión y
conspiración, relacionado con su presunta participación en el intento de
autogolpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.
El congresista
Roberto Sánchez presentó el requerimiento de personal N.° 10533 para contratar
a Chávez como "asesora personal de confianza" de nivel 8 (o Asesora
II), un puesto de apoyo técnico y político en su despacho parlamentario. Este
rol implica labores como elaboración de informes legislativos, asesoría en
iniciativas parlamentarias y soporte en gestión.
El salario estimado
oscila entre S/10,000 y S/15,000 mensuales. Sánchez justificó la decisión
destacando su "formación profesional" (es abogada con maestría) y
experiencia, afirmando que no hay impedimentos legales ya que su suspensión
como congresista no la inhabilita para otros cargos públicos.
Contexto legal:
Chávez fue suspendida como congresista en marzo de 2023 y reemplazada por Isaac
Mita, pero su condición de suspendida (no inhabilitada) permite esta
contratación, según expertos como el exoficial Mayor del Congreso César Delgado
Guembes.
Sin embargo,
enfrenta un proceso de inhabilitación por 10 años pendiente en la Subcomisión
de Acusaciones Constitucionales, que podría bloquear funciones públicas si se
aprueba en el Pleno. Además, estuvo en huelga de hambre durante 12 días en
prisión, lo que afectó su salud, y actualmente se recupera en una clínica.
La noticia ha
generado un fuerte debate político. Apoyos como el de Sánchez lo ven como un
"soporte profesional" legítimo, pero críticos lo califican de
"despropósito" y "ultraje al Estado de derecho",
argumentando incompatibilidad ética y riesgos de acceso a información
privilegiada mientras está procesada.
El primer
vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), descartó la
posibilidad, invocando el artículo 92 de la Constitución que prohíbe a
congresistas suspendidos ocupar otros cargos públicos, aunque expertos señalan
que no aplica estrictamente a personal de confianza. Otros, como Patricia
Juárez (Fuerza Popular) y Héctor Villalobos (analista), lo ven como una
maniobra electoral de Sánchez para ganar adeptos de cara a las elecciones de
2026. La oposición cuestiona la coherencia de que alguien que intentó disolver
el Congreso regrese a él.
Hasta el 7 de
septiembre de 2025, la contratación parece en vías de concretarse, pero podría
enfrentar obstáculos si avanza su proceso de inhabilitación o si el Congreso la
rechaza por vías administrativas. Chávez, originaria de Tacna y exministra de
Trabajo, Cultura y primera ministra bajo Castillo, ha estado alejada de
funciones públicas desde diciembre de 2022.
