POLITICA
De la imputación fiscal se desprende que Santiváñez utilizó su posición en el Ejecutivo para presuntamente negociar las influencias que ejercía desde que asumió el Ministerio del Interior.
El primer hecho que se atribuye a Santiváñez y a la organización, es haber autorizado, a cambio de dinero. la interferencia de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, a favor de la empresa minera El Dorado en una disputa por una concesión en Lucanas, Ayacucho.
El segundo es el pago de sobornos para que generales de la Policía Nacional continúen en sus posiciones.
El tercero, haber vulnerado las normas para contratar al abogado Percy Tenorio Gamonal para que ejerza la defensa de cinco generales inplicados en actos de violencia contra manifestantes en 2020. Santiváñez fue abogado del coronel PNP en retiro, Percy Gamonal. En este caso están implicados dos Defensores de la Policía, a cargo de las contrataciones.
El cuarto, actividades de encubrimiento en beneficio del hermano de la jefa de Estado, Nicanor Boluarte, quien mantuvo contacto con Santiváñez y otros investigados.
Fuente: La Republica
